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miércoles, septiembre 22, 2021
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Mesa judicial macrista: el fiscal pone el foco en los celulares encriptados de áreas claves


La investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial que operó en el Poder Judicial entre 2015 y 2019 bajo la órbita del Gobierno de Mauricio Macri. Ahora el fiscal Franco Picardi pidió precisar el reparto de celulares encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a integrantes de ese espacio sospechado de haber maniobrado para direccionar expedientes.

Según publica Ámbito Financiero, Picardi dictó oficios a la AFIP, la Anses, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, la AFI y la Suprema Corte bonaerense para determinar “las razones y/o justificaciones de las búsquedas promovidas en las plataformas Nosis, Sudamérica Data y de la Dirección Nacional de Migraciones” sobre funcionarios judiciales.

Allí se destacan la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó; la camarista de Casación Ana María Figueroa; los jueces laborales de segunda instancia Mirta González Burbridge y Néstor Rodríguez Brunengo, y sus pares federal Eduardo Farah y del fuero Civil Marcela Pérez Pardo. También acerca de Damiana Lucía Alonso, hija de Gils Carbó, y Mariel Victoria Acosta

La sospecha de Picardi está centrada en la posibilidad de que aquella información fuese reunida a pedido de la “mesa judicial” para ser utilizada como insumo, parte de una eventual campaña de hostigamiento contra funcionarios judiciales que no se allanaban a los pedidos del macrismo. La operatoria, descripta por varias de las víctimas, incluía denuncias periodísticas en medios masivos de comunicación y pedidos de juicios políticos contra esos funcionarios.

El fiscal Picardi también pidió “copias de los legajos personales de los agentes que figuran como responsables de cada consulta, en qué áreas cumplieron funciones, en qué marco u organigrama de responsables jerárquicos y las referencias de quién impartió la directiva de búsqueda”. La multiplicidad de pedidos de informes desde varias áreas sobre los mismos funcionarios judiciales y sus familiares parece descartar la posibilidad de que se tratara de un accionar aislado por decisión propia de uno o más agentes sin responsabilidad jerárquica.

Otro capítulo clave de las medidas de prueba ordenadas por Picardi pasa por los celulares encriptados que la AFI repartió entre miembros de la “mesa judicial”, según se constató en el expediente. Entre los beneficiarios de esa distribución figuran dirigentes de primera línea como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Nicolás Caputo, empresario y amigo íntimo de Macri, y otros que en algún tramo de la causa fueron mencionados como eventuales integrantes de la “mesa” como Gustavo Arribas, Mariano Federici, Daniel Angelici, entre otros. 

El fiscal le pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, establecer con grado de detalle a quiénes se favoreció con esos teléfonos de alta seguridad y tecnología, con qué números de línea y de IMEI (código único de fábrica), cuáles fueron los criterios de asignación y cualquier otro dato de interés para el expediente.

Picardi solicitó solicitó a la Jefatura de Gabinete informar “el detalle de todas las transferencias de crédito que se le hayan efectuado a la Procuración General de la Nación -con detalle de día y horario-, conforme las asignaciones presupuestarias fijadas, durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019”.

Este fue uno de los puntos de la Mesa Judicial para desplazar de su cargo a Alejandra Gils Carbó. El fiscal sostiene que así se podrá comparar esas asignaciones de recursos con las de las gestiones previas y posterior para establecer si hubo demoras o reducciones de fondos injustificadas.





Fuente:politicargentina.com

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Mesa judicial macrista: el fiscal pone el foco en los celulares encriptados de áreas claves


La investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial que operó en el Poder Judicial entre 2015 y 2019 bajo la órbita del Gobierno de Mauricio Macri. Ahora el fiscal Franco Picardi pidió precisar el reparto de celulares encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a integrantes de ese espacio sospechado de haber maniobrado para direccionar expedientes.

Según publica Ámbito Financiero, Picardi dictó oficios a la AFIP, la Anses, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, la AFI y la Suprema Corte bonaerense para determinar “las razones y/o justificaciones de las búsquedas promovidas en las plataformas Nosis, Sudamérica Data y de la Dirección Nacional de Migraciones” sobre funcionarios judiciales.

Allí se destacan la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó; la camarista de Casación Ana María Figueroa; los jueces laborales de segunda instancia Mirta González Burbridge y Néstor Rodríguez Brunengo, y sus pares federal Eduardo Farah y del fuero Civil Marcela Pérez Pardo. También acerca de Damiana Lucía Alonso, hija de Gils Carbó, y Mariel Victoria Acosta

La sospecha de Picardi está centrada en la posibilidad de que aquella información fuese reunida a pedido de la “mesa judicial” para ser utilizada como insumo, parte de una eventual campaña de hostigamiento contra funcionarios judiciales que no se allanaban a los pedidos del macrismo. La operatoria, descripta por varias de las víctimas, incluía denuncias periodísticas en medios masivos de comunicación y pedidos de juicios políticos contra esos funcionarios.

El fiscal Picardi también pidió “copias de los legajos personales de los agentes que figuran como responsables de cada consulta, en qué áreas cumplieron funciones, en qué marco u organigrama de responsables jerárquicos y las referencias de quién impartió la directiva de búsqueda”. La multiplicidad de pedidos de informes desde varias áreas sobre los mismos funcionarios judiciales y sus familiares parece descartar la posibilidad de que se tratara de un accionar aislado por decisión propia de uno o más agentes sin responsabilidad jerárquica.

Otro capítulo clave de las medidas de prueba ordenadas por Picardi pasa por los celulares encriptados que la AFI repartió entre miembros de la “mesa judicial”, según se constató en el expediente. Entre los beneficiarios de esa distribución figuran dirigentes de primera línea como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Nicolás Caputo, empresario y amigo íntimo de Macri, y otros que en algún tramo de la causa fueron mencionados como eventuales integrantes de la “mesa” como Gustavo Arribas, Mariano Federici, Daniel Angelici, entre otros. 

El fiscal le pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, establecer con grado de detalle a quiénes se favoreció con esos teléfonos de alta seguridad y tecnología, con qué números de línea y de IMEI (código único de fábrica), cuáles fueron los criterios de asignación y cualquier otro dato de interés para el expediente.

Picardi solicitó solicitó a la Jefatura de Gabinete informar “el detalle de todas las transferencias de crédito que se le hayan efectuado a la Procuración General de la Nación -con detalle de día y horario-, conforme las asignaciones presupuestarias fijadas, durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019”.

Este fue uno de los puntos de la Mesa Judicial para desplazar de su cargo a Alejandra Gils Carbó. El fiscal sostiene que así se podrá comparar esas asignaciones de recursos con las de las gestiones previas y posterior para establecer si hubo demoras o reducciones de fondos injustificadas.





Fuente:politicargentina.com

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